NACIONAL

Lo que significa el secuestro de «El Jueves»

Pepe López

 

El semanario-tebeo porno-satírico «El Jueves» ha visto secuestrado su núme­ro en cuya portada aparecía retratada una Princesa de Asturias a cuatro patas penetrada por un Príncipe de Asturias que, cínicamente, comentaba lo que podría sig­nificar para él, para Don Felipe, los dos mil quinientos euros que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha re­suelto entregar por cada nacimiento, si ella, doña Leticia, quedaba «preñada». No estará de más advertir que, gracias a este episodio del secuestro de «El Jueves», la medida pro-natalidad de ZP ha superado su naturaleza electoral y su dimensión asistencial, para convertirse en una medida de repercusión mayor en el espacio y en el tiempo.

Pero no vamos a entrar en disquisiciones sobre los motivos particulares y las maniobras que puedan esconderse tras la iniciativa fiscal y judicial del se­cuestro. Esto no nos debe interesar demasiado porque no es lo más im­por­tante. Ya sabemos que la mayoría de personajes que protagonizan la vida pública se conducen por objetivos a corto plazo y con cálculos bien cortos de miras. Tampoco tiene sentido quejarse cuando se ha abrazado este modelo social, pues ya nos en­contramos en la fase de su aceleración, y es de lo más natural que las personas inmersas en esta fase no vean más allá de sus narices.

De lo que debemos ocuparnos es del verdadero debate abierto con el chiste y el secuestro de «El Jueves», y, cómo no, de los falsos debates lanzados por los corifeos del régimen para enredar, desviar la atención y minimizar los posi­bles daños. Obligación de cualquier español adverso al régimen de la Mo­narquía Parlamentaria, o por lo menos aman­te de la salud pública, es la de contrarrestar esos enredos y «desviaciones» en la medida de sus posibi­li­dades.

Veamos:

1) El secuestro de esta publicación porno-satírica no ha «abierto el debate sobre la censura». Esto es lo que repiten los editores y fieles asa­lariados del Cuarto Poder del régimen, y todo el coro de imbéciles que los secundan sin cobrar. El secuestro de «El Jueves» ha abierto el debate sobre la oculta autocensura en la España juan­carlista y la falsedad del discurso oficioso y popular sobre que «vivimos en un país libre donde no hay lími­tes a la libertad de expresión» ya que «no hay censura como había con Franco». Con el secuestro judicial de «El Jueves» se demuestra no sólo que existe censura en la España Cons­ti­tucional, sino que los portavoces del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Mediático han estado dando la sen­sación engañosa de que no había límites a la libertad de ex­pre­sión. Bien, ya han visto todos que las hay. A partir de este momento no podemos tolerar que nadie nos diga que en el régimen establecido en España no existe la censura.

2) La cuestión principal de la caricatura sobre los Príncipes de Asturias no es la formalidad del «derecho a la liber­tad de expre­sión» sino censurar el papel y los privilegios de la Corona sobre la nación española. Hemos de aten­der también esta cuestión porque los apo­logistas del régimen, de nuevo, han enredado a los españoles con la cortina de humo de los «límites de la libertad de expresión» cuando lo que queremos dis­cutir es porque demonios tenemos, los españoles, que aguan­tar y cargar con los reyes, los príncipes, los infantes y toda su parentela. Así pues, no trate­mos de defender la divulgación de las caricaturas dejándonos en­re­dar en un debate sobre los «límites de la libertad de ex­pre­sión», pues sería tan estúpido como tratar de de­fen­der las caricaturas por su «valor artístico». No, no, no, no: el valor y el impacto de esta caricatura no se la damos ni por sus valores esté­ticos ni por los derechos sacrosantos de esa o cualquier otra publica­ción, sino por el valor y el impacto de la situación realmente injusta (y nunca mejor dicho realmente) que de­nuncia: los privilegios de los Borbones. Si la caricatura ha adquirido valor tanto para detractores como para defensores es por el mismo motivo: por su posible daño y repercusión en el cuestionamiento del papel de la Monarquía. Mientras para unos es una institución a defender, y andan discutiendo sobre si la medida ha sido inteligente o torpe, correcta o incorrecta en fun­ción del valor que las dos facciones del mismo bando (el bando de los realistas parlamentarios) quieren defender (por lo menos formal­mente) para otros españoles, por contra, esto ha tenido valor porque estamos hasta la coronilla de la Corona y queremos acabar con ella.

De igual manera que la cuestión principal del puñetazo, el «te pego leches» y el tartazo de los Ruiz-Mateos a Miguel Boyer no era el «derecho» de cualquier individuo a dar puñetazos, lanzar amenazas y pringar de tarta a quien le viniera en gana, sino denunciar el robo y el no menos latrocinio de la reprivatización de Rumasa por parte de los gobiernos de González. En tanto que Boyer era uno de los prin­ci­pales responsables de aquel abuso gubernamental, se merecía, como mínimo, el puñetazo, el «te pego leches» y el tartazo.

3) Asimismo, el secuestro judicial revela que existe un agravio com­pa­rativo con el resto de los españoles. No podemos permitir discusiones sobre si el chiste era zafio o no (que lo era sin duda), o si era deni­gratorio o no para las personas retratadas (que también lo era, por mucho que esto lo nieguen formalmente en «El Mundo» o en «El País»). Cual­quier persona puede apreciar que para una mujer, es zafio y denigrante retratarla siendo penetrada como una cuadrúpeda. Quie­nes niegan este extremo lo hacen para encubrir y minimizar daños (o para quedar «guay» de liberales). No señor. Se trata de discutir por­qué tenemos que soportar el resto de los españoles una situación jurí­dica donde, si somos objeto de imágenes denigratorias hacia nuestras personas, nos veamos obligados a pagar abogados y procuradores para interponer querellas privadas y depositar fianzas, mientras que los Borbones gozan del privilegio que la Admi­nis­tración de Justicia o el Fiscal del Estado actúan de oficio para proteger su imagen o su presunto honor. No menos oportuno es señalar también lo chocante de un panorama nacional donde, mientras la Televisión estatal compite en zafiedad y escenas deni­grantes con la privada, un dibujo zafio y denigratorio se castigue porque va dirigido contra uno de los protectores (y beneficiados) de ese panorama nacional.

4) Hay que insistir, por último, en la defensa del carácter ofensivo y dañino de las caricaturas, frente a los intentos de una parte de los corifeos del régimen de defender el derecho a su presencia a través de la desvalorización o des­natu­ralización de su carácter y su impacto ofensivo para una institución del régimen. Ha sido, por ejemplo, la postura edi­to­rial de «El Mundo», que no considera inteligente el se­cuestro porque ha multiplicado el daño para la Monarquía (dejamos de lado los motivos particulares de un diario que le tiene ganas al juez que procedió al secuestro, ya que es el mismo juez que se encargó de la instrucción del 11-M). Pero muchos otros de los medios ri­vales, como «El País», han mantenido una línea próxima: criticar el secuestro por ser una medida des­pro­por­cionada e innecesaria para defender la imagen de la Corona. Es decir, todos ellos están defen­diendo la ins­titución monárquica, pero lo que sostienen es que la mejor mane­ra de afron­tar un ataque a la Monarquía no es censurar judicialmente la ofensa publicada, sino levantar un muro de silencio sobre ella para ahogarla (es decir: censurarla mediá­tica­mente). La «fiel infantería del Cuarto Poder» (fiel a sus jefes y a sus com­pro­misos, que nadie lo dude), hace lo que siempre ha hecho: tratar que el impacto de la pro­testa, de la de­nuncia, de la crítica o del pataleo contra institu­cio­nes y comportamientos inaceptables consustanciales al régimen se diluya en el pantano de la «gran cere­monia de ruido inocuo» para ese mismo régimen, que es, en definitiva, el fin último del famoso «de­recho a la libertad de expresión» de los débiles y del montón: hacer que sus palabras e imágenes pierdan todo su valor y su impacto real.